De acuerdo a su reporte, se ha confirmado la adhesión de varios sectores en alerta por la intención que perciben del ejecutivo de instrumentalizar la norma para perseguir y perjudicar a sus detractores.
Así también, recalcó que la facción del rubro afín al masismo constituye, dice, un porcentaje minoritario de los comerciantes que defenderán sus intereses en las calles de forma pacífica.
Figueroa, recordó que las movilizaciones asumidas por la confederación gremial nunca promovieron la confrontación entre bolivianos, a diferencia señala, de grupos infiltrados que obedecen instrucciones del gobierno para provocar excesos.
Sobre el mismo tema, el ex constituyente por el departamento de Oruro, Filiberto Escalante, ratificó que la ley 1386 es atentatoria contra derechos ciudadanos garantizados por la Constitución Política del Estado.
Según advirtió, el temor de los trabajadores gremiales, entre otros, no es infundado.
En opinión de Escalante, es procedente el pedido de abrogación de la normativa ya que al margen de sus alcances, demuestra que el gobierno de Luis Arce engaña a la población, dice, cuando sostiene que con el retiro del proyecto de ley 218 contra la legitimación de ganancias ilícitas, no existiría pretexto para asumir medias de presión sin profundizar en el procedimiento.
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