El Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción confirmó su apersonamiento como parte coadyuvante en el proceso penal instaurado contra el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández. En entrevista con Panamericana, el viceministro Yamil García explicó que esta intervención no obedece a un tema personal, sino que responde a un mandato legal establecido en la Ley 974, la cual obliga a la institución a participar en todos los casos de presunta corrupción que involucren a Máximas Autoridades Ejecutivas (MAE).
García detalló que la investigación tiene como base fundamental una auditoría operacional realizada por la Contraloría General del Estado sobre la ejecución de diversos proyectos de pavimentación en la capital cruceña. Los hallazgos iniciales revelan una grave discrepancia entre los documentos oficiales y la realidad física. Según la autoridad, mientras las actas de recepción provisional y definitiva certificaban una determinada cantidad de kilómetros de asfalto construidos, la verificación en el lugar evidenció una cantidad significativamente menor, un modus operandi que se habría repetido en diferentes proyectos del municipio. Esta diferencia entre el papel y la obra física es lo que impulsó la activación de la justicia penal.
Ante las críticas de actores políticos, como la candidata Angélica Sosa, quien cuestionó que la orden de aprehensión se ejecute a solo 27 días de las elecciones subnacionales para supuestamente favorecer la imagen del concejal denunciante Manuel Saavedra, el viceministro descartó cualquier intencionalidad política. Aclaró que la denuncia original data de diciembre de 2025, no de las últimas semanas, y subrayó que la ejecución de mandamientos de aprehensión o solicitudes de detención preventiva son prerrogativa exclusiva del Ministerio Público y los jueces cautelares. Estas decisiones se basan en riesgos de fuga u obstaculización a la averiguación de la verdad, y no son dictadas por el Poder Ejecutivo. Asimismo, enfatizó que la lucha contra la corrupción es pertinente y obligatoria en todo momento, independientemente del calendario electoral.
Finalmente, la autoridad reflexionó sobre el problema estructural del manejo de recursos en el país, revelando que el caso del municipio cruceño no es un hecho aislado, ya que en la actualidad existen alrededor de 60 instituciones públicas denunciadas por irregularidades similares. García advirtió sobre la urgencia de desmantelar estas estructuras de corrupción e instó a modernizar las unidades de auditoría interna, las cuales suelen investigar proyectos de hace dos décadas en lugar de fiscalizar lo que ocurre en el presente. Remarcó que el Estado debe enfocar sus mayores esfuerzos en la educación sobre integridad pública y en la prevención, para que las obras concluyan en beneficio de la ciudadanía y no queden en simples anuncios.
