En entrevista con Panamericana, la autoridad gubernamental lamentó la actitud del ejecutivo de la COB, Mario Argollo, quien abandonó el diálogo instalado en la Casa Grande del Pueblo asegurando que las organizaciones presentes no representaban al pueblo. Linares contradijo esta versión, detallando que cerca de 78 instituciones, entre gremiales, transportistas, juntas vecinales, médicos y comités cívicos, permanecieron en la reunión para debatir técnicamente la norma. El viceministro fue enfático al señalar que el espíritu del decreto, que busca la transformación económica y la atracción de inversiones, no cambiará, aunque aclaró que la norma es perfectible y se están recibiendo sugerencias para ajustar su reglamentación.
Respecto a la situación financiera de la dirigencia sindical, Linares desglosó que los 18.7 millones de dólares mencionados por el Presidente, equivalentes a unos 130 millones de bolivianos, son manejados por una cúpula de menos de 50 personas pertenecientes al magisterio, salud y minería. La autoridad comparó esta cifra con los presupuestos municipales de localidades como Caranavi o Achacachi, sugiriendo que estos fondos se utilizan para financiar movilizaciones y gastos no transparentados, lo que explicaría la resistencia de los dirigentes "de siempre" a perder sus privilegios y el control de estos recursos obligatorios.
Finalmente, el gobierno anunció que las mesas técnicas de trabajo continuarán este martes, pero cambiarán de sede para precautelar la integridad física de los asistentes, debido a la agresividad mostrada por los grupos de choque de la COB en los alrededores de la Plaza Murillo. Linares reiteró que medidas como el incremento salarial, el aumento de la Renta Dignidad y el bono extraordinario ya están en vigencia, por lo que la demanda de abrogación total resulta inviable y responde, según su lectura, a intereses políticos que buscan el retorno a un modelo de "capitalismo de Estado" que fracasó en los últimos 20 años.
