Frente a la tragedia aérea que sacudió a la urbe alteña, el Gobierno nacional garantizó que las familias de las víctimas mortales y los heridos recibirán la compensación económica correspondiente sin demoras burocráticas. El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, aseguró que el Estado ha actuado con celeridad y máxima seriedad para velar por los damnificados. Durante la madrugada, el Ministerio de Defensa y el Banco Central de Bolivia facilitaron el ingreso de notarios de fe pública a la "zona cero" para certificar minuciosamente los daños de los vehículos aplastados y del siniestro total del avión militar. Esta rápida intervención documentada permitirá que las pólizas de los seguros procedan con los pagos respectivos, evitando un daño económico adicional a las familias que perdieron su patrimonio y a sus seres queridos.
El manejo de esta crisis urbana marcó un hito en la articulación de las fuerzas de seguridad e instituciones del Estado. Atrás quedaron las históricas rivalidades interinstitucionales, ya que aproximadamente 800 efectivos del Ejército, la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y la Policía Boliviana trabajaron "codo a codo" para asegurar el perímetro, rescatar a las víctimas de entre los fierros y contener a las turbas. Paredes calificó este despliegue armónico como un orgullo nacional y un ejemplo de unidad frente al desastre, destacando que en tiempo récord se logró despejar gran parte del área retirando los vehículos particulares siniestrados para facilitar las investigaciones.
Todo el operativo de contención y rescate fue supervisado de manera directa e ininterrumpida por el presidente del Estado, Rodrigo Paz. Las autoridades de gobierno revelaron que el mandatario no durmió y se mantuvo en comunicación telefónica permanente durante toda la noche con los ministros y los comandantes de las tres fuerzas. Ante la sugerencia inicial de postergar ciertas tareas de limpieza y resguardo para el día siguiente por falta de luz, la instrucción presidencial fue actuar con inmediatez absoluta. Actualmente, bajo estrictas medidas de seguridad y con la presencia de fiscales departamentales, los equipos especializados planifican empujar el techo del avión siniestrado para liberar el dinero remanente y trasladarlo de forma segura a las bóvedas blindadas.
