El Senado boliviano ha dado un paso firme al aprobar por unanimidad una Resolución Camaral que prohíbe la salida del país a varias exautoridades. Esta medida impacta directamente a exfuncionarios de alto rango, incluyendo al expresidente Luis Arce, al exvicepresidente David Choquehuanca y a diversos exministros de Estado. La restricción se aplica mientras avanzan las investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades detectadas en distintas instituciones de la administración pública.
La determinación se sustenta en la Ley 1352, promulgada en 2020, que estipula la obligación de las autoridades salientes de permanecer en el territorio nacional durante un período de tres meses. Este requisito tiene una doble finalidad: por un lado, asegurar la entrega de toda la información pertinente a las nuevas gestiones; por otro, garantizar la transparencia en el traspaso de mando y mitigar cualquier riesgo de fuga en casos que puedan estar vinculados con actos de corrupción. El senador Wilder Véliz, impulsor de la iniciativa, explicó la trascendencia del proyecto, que busca expresamente que estas personas no salgan del país antes de que se esclarezcan los supuestos ilícitos.
Según lo expuesto por el senador Véliz, la normativa establece que la permanencia obligatoria abarca a una amplia gama de cargos públicos. Esta incluye no solo a presidentes y vicepresidentes, sino también a ministros, gobernadores, alcaldes, legisladores y ejecutivos de instituciones tanto públicas como mixtas. Todos ellos están requeridos a facilitar informes y asegurar una transición ordenada, reforzando así el compromiso estatal con la transparencia y la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
Finalmente, el cumplimiento de esta disposición, tal como lo enfatizó el senador Véliz, será articulado de manera coordinada entre la Contraloría General del Estado y la Dirección Nacional de Migración. Estas dos entidades serán las encargadas de remitir y verificar el listado de las exautoridades que deben acatar esta restricción de viaje. Con esta acción, se subraya el esfuerzo institucional por transparentar los procesos y respaldar plenamente las pesquisas que están actualmente en curso, buscando dilucidar cualquier indicio de irregularidad.
PANAMERICANA.
