El presidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, enfrenta un fuerte rechazo a su postura defensiva tras las denuncias de supuestas irregularidades en la adquisición de combustibles. En lugar de ofrecer explicaciones, Akly había tildado las acusaciones de "campaña de desinformación" y advirtió con iniciar acciones legales, una actitud que ha sido severamente criticada por figuras políticas que exigen transparencia.
El ex diputado nacional, Tomás Monasterios, expresó su descontento con la reacción del titular de YPFB, Yussef Akly. Monasterios calificó la actitud del ejecutivo como "negativa" y preocupante, rememorando las posturas asumidas por anteriores autoridades del Movimiento al Socialismo (MAS). Según el análisis de Monasterios, esta conducta se enmarca en una estrategia ya vista, donde el ataque y el hermetismo prevalecen sobre el esclarecimiento de las dudas ciudadanas. El ex legislador enfatizó que el proceder idóneo de cualquier funcionario público, especialmente en una entidad tan vital como YPFB, debería ser responder a las interrogantes con información transparente y objetiva, sin recurrir a veladas amenazas de judicialización que solo aumentan la desconfianza.
Por su parte, el diputado Rolando Pacheco no solo ratificó la acusación de sobreprecio en la compra de carburantes, sino que también desestimó la táctica del presidente Akly de desviar la atención pública. El parlamentario subrayó que existen elementos documentales contundentes que respaldan la denuncia de irregularidades, lo que exige una explicación clara por parte de la administración de YPFB. Pacheco, en su calidad de fiscalizador, afirmó que su accionar responde a la responsabilidad de develar presuntas anomalías en la gestión de la empresa estatal, actuando en beneficio de la ciudadanía y la probidad en el manejo de recursos.
El diputado Pacheco anticipó que la querella inicial contra la gestión de YPFB será ampliada significativamente. El legislador informó que ya remitió material probatorio adicional al Ministerio Público, lo que sugiere una profundización en la investigación sobre las presuntas anomalías en la adquisición de combustibles por parte de la petrolera estatal. La presión se intensifica sobre el presidente Akly para que proporcione explicaciones detalladas y transparentes que disipen las dudas sobre la correcta administración y el uso de los recursos públicos en YPFB, evitando que este tema derive en un conflicto mayor o una crisis de credibilidad. La sociedad espera respuestas concretas ante las serias imputaciones.
