Panamericana recogió impresiones de expertos en el tema para evaluar los argumentos bolivianos expuestos hasta el momento. En primera instancia, el ex agente del caso en los Países Bajos, Jaime Aparicio, observó un cambio significativo en la naturaleza misma del litigio y cuestionó si valió la pena haber llegado a dicho tribunal para terminar en un escenario de negociación.
De acuerdo a su análisis, la situación se complica por el reconocimiento de Bolivia al Silala como un “río de curso internacional”, precisamente como pretende la defensa chilena.
En esta línea, el diplomático cuestionó la política internacional improvisada que observa en la estrategia del gobierno por modificar considerablemente las actuales circunstancias.
De su lado el investigador y docente de la Universidad Tomás Frías, Germán Matos, coincidió en que el juicio no tenía razón de ser y sumó cuestionamientos al equipo que maneja la causa boliviana, por mellar, dice, la soberanía nacional y los intereses del pueblo potosino.
En criterio del profesional en ingeniería, la demanda en cuestión surge por un acto de “hidropiratería” de las aguas del Silala por parte de empresas transnacionales chilenas y con el aval de gobiernos bolivianos.
Sin embargo, la visión del analista político de origen potosino, Javier Flores, difiere de las expuestas y se enfoca en la corrección de errores cometidos en el pasado, dice, cuando un preacuerdo con Chile pudo haber evitado este litigio.
Para Flores, es necesario hacer un análisis frío y exento de consignas políticas adoptando un enfoque en el grandes avances pueden alcanzarse mediante una adecuada negociación.
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