Según el abogado Ramiro Canedo, existen principalmente dos vías jurídicas para separar a los magistrados autoprorrogados: una denuncia penal por falsedad ideológica y mecanismos parlamentarios para la remoción, los cuales están siendo evaluados para restaurar la institucionalidad.
Los magistrados electos denuncian que los autoprorrogados han emitido autos constitucionales en completo hermetismo, extendiendo sus funciones indebidamente y obstaculizando decisiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional que buscaban cesarlos.
La situación genera una crisis institucional en la administración del Órgano Judicial, con llamados a respetar la soberanía popular y la elección legítima de los cuatro magistrados electos en 2024, quienes están habilitados para ejercer hasta que se convoquen nuevas elecciones.
