El Presupuesto General del Estado 2025, vigente desde el 1 de enero, mantiene una disposición que permite la confiscación de productos en caso de encarecimiento, lo que ha generado rechazo entre los trabajadores gremiales.
En El Alto, el dirigente Toño Siñani confirmó el estado de emergencia y el próximo ampliado nacional convocado por Jesús Cahuana, en el que se definirán medidas como una movilización a la sede de gobierno el 13 de enero. Siñani también criticó a dirigentes como Juan Carlos García, a quienes acusa de vínculos con el Movimiento Al Socialismo (MAS).
Por su parte, Juan Carlos García, representante de una confederación paralela, negó ser operador político y afirmó que su sector prioriza el diálogo con el gobierno. Anunció la solicitud de un informe detallado sobre la disposición adicional séptima para evaluar sus posibles impactos.
El sector gremial enfrenta así una creciente división, con un ala que denuncia la norma como una amenaza al derecho al trabajo y otra que confía en resolver los conflictos a través del consenso.
PANAMERICANA.
