El lunes 22 de septiembre de 2025, el director nacional de Interpol en Bolivia, coronel Juan Carlos Bazoalto, anunció una propuesta para modificar el Código Procesal Penal y permitir la detención inmediata de personas señaladas con Notificación Roja, sin necesidad de una orden judicial previa.
Actualmente, la legislación boliviana exige una orden judicial o fiscal de detención preventiva con fines de extradición para aprehender a individuos buscados internacionalmente, lo cual implica procesos de comunicación entre cortes supremas diferentes que generan retrasos y permiten que fugitivos escapen.
Bazoalto indicó que la reforma incorporaría un quinto numeral que habilitaría la aprehensión directa basándose únicamente en la existencia de una Notificación Roja, lo que otorgaría a un juez hasta 90 días para emitir la orden formal de prisión preventiva mientras se formaliza la solicitud de extradición.
El oficial ejemplificó la situación con dos casos recientes: la captura exitosa de un boliviano requerido por Inglaterra que contaba con orden judicial, y la imposibilidad de detener a un extranjero en Santa Cruz que tenía Notificación Roja pero carecía del mandamiento.
Esta medida busca fortalecer la lucha contra el crimen transnacional, evitar que Bolivia sea refugio de prófugos y alinearse con prácticas de países vecinos que permiten detenciones automáticas ante notificaciones internacionales.
