Muriel sostuvo que, aunque el proyecto puede ser útil para proteger a personas ajenas a las movilizaciones, no es el momento adecuado para discutirlo debido a la situación que atraviesa el país por el tema de los hidrocarburos. Aclaró que no se busca vulnerar el derecho a la protesta, sino establecer límites frente a bloqueos que afectan a otros sectores.
Socialización previa
El legislador explicó que el proyecto ya fue dialogado con varios sectores sociales y que luego será revisado en la comisión de justicia. Solo después de ese proceso podría llegar al pleno con las observaciones correspondientes. En su criterio, el trámite legislativo debe continuar, pero sin apuros.
Llamado a esperar
Por su parte, la diputada Katherin Pinto coincidió en que sería mejor postergar el tratamiento hasta contar con un escenario más tranquilo. Señaló que insistir ahora podría aumentar la polémica y dificultar un debate ordenado sobre la norma.
Diálogo y reestructuración
Pinto también remarcó la importancia de abrir mecanismos de diálogo oportunos para evitar que las medidas de presión se escalen. Al mismo tiempo, pidió a los sectores movilizados permitir que el Gobierno avance en la reestructuración del Estado, en un contexto marcado por tensiones sociales y económicas.
