La comisión de gobierno, integrada por los viceministros de Tierras, Hormando Vaca Díez; de Desarrollo Agropecuario, Karel Rivero; y de Seguridad Ciudadana, Rolando Montaño, junto al director nacional del INRA, Hernán Pereira, se desplazó a Rurrenabaque, Beni, para establecer un diálogo con los manifestantes que se oponen a la Ley 1720. Sin embargo, los esfuerzos por alcanzar un consenso resultaron infructuosos.
Otilia Rodríguez, ejecutiva de la Central Sindical de Rurrenabaque, confirmó a Panamericana el estancamiento de las conversaciones. La representante de los sectores en emergencia explicó que las condiciones definidas por los movilizados para suspender la medida de presión y permitir la implementación de una nueva norma de reclasificación de tierras no fueron atendidas adecuadamente por las autoridades presentes.
Por su parte, Faifer Cuajera, dirigente de la Regional Madre de Dios de Pando, reiteró la firme postura de los manifestantes. El líder regional expresó su gratitud por el respaldo recibido a su causa, destacando la unidad de los que participan en la movilización. Los ciudadanos exigen la abrogación total de la Ley 1720 y la agilización de la titulación de tierras, un proceso que, según ellos, lleva mucho tiempo en espera.
Como integrante de la caravana que avanza hacia la sede de gobierno, Cuajera manifestó su desilusión ante la limitada capacidad de respuesta de la delegación gubernamental. El dirigente pandino enfatizó que la única demanda innegociable es la derogación de la controvertida legislación y la completa regularización de las propiedades territoriales. Los marchistas permanecen firmes en su propósito, indicando que la protesta continuará hasta lograr sus objetivos.
