Como se conoce, el ministro de Justicia, Iván Lima, sostuvo que el presidente Luis Arce, está habilitado para convocar a un referéndum mediante un decreto, pero tomando en cuenta que las consultas previstas podrían modificar parcialmente la constitución, el gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional Plurinacional para definir una ruta de trabajo normada.
Anuncio que ha generado lecturas divergentes entre legisladoras de oficialismo. Por ejemplo, la senadora del MAS afín a la corriente “evista”, Simona Quispe, opinó que el proceder descrito es autoritario e impositivo, pues apuntaría a intereses políticos.
Para Quispe, el gobierno debería mostrar capacidad para resolver problemas oportunamente, en lugar de generar confusión entre la ciudadanía, proponer acciones inconstitucionales y atacar al líder masista Evo Morales, omitiendo la necesidad de renovar el sistema judicial, según dice.
Pero su colega senadora alineada a la facción “arcista”, Virginia Velasco, expuso una visión divergente, en la que detecta intenciones de tergiversar los planteamientos de Arce y restar valor a una política democrática en la toma de decisiones que no se aplicó en el pasado.
Velasco encomió esfuerzos del gobierno para obtener la aprobación del pueblo en las determinaciones trascendentales, reactivando el trabajo conjunto del Gabinete Social de la Revolución Democrática y Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia, conformado por varios sectores sociales.
PANAMERICANA.
