La aprehensión de la jueza Lilian Moreno, ocurrida en Santa Cruz mientras se dirigía a su fuente laboral, ha sido calificada por su defensa como un acto arbitrario, equiparable incluso a un “secuestro”. El hecho generó reacciones contrapuestas en el ámbito jurídico y político.
En diálogo con Panamericana, el abogado y exministro de Gobierno, Carlos Romero, respaldó la actuación de Moreno, afirmando que la jueza cumplía funciones como tribunal de garantías constitucionales. Consideró que no se configura ningún tipo penal en su contra.
Romero fue más allá al advertir que, en su opinión, el país atraviesa una etapa donde ya no existe estado de derecho, debido a lo que calificó como un régimen autoritario.
Sin embargo, estos planteamientos fueron refutados por el analista político Ricardo Fuentes, quien defendió el accionar de las autoridades. Afirmó que se actuó conforme a los procedimientos legales y negó que existan motivaciones políticas detrás de la detención.
Fuentes coincidió en que una investigación transparente será clave para despejar dudas sobre el caso. También remarcó que la jueza cuenta con todos los derechos para ejercer su defensa y apelar conforme a ley.
PANAMERICANA.
