El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, ofreció "garantías" a líderes movilizados que cuentan con órdenes de aprehensión, con el objetivo de facilitar su participación en el diálogo y encontrar soluciones a los conflictos. Según Lupo, la ausencia de estos dirigentes es un impedimento para avanzar en las negociaciones. Sin embargo, esta postura ha desatado una ola de críticas en diversos ámbitos.
El expresidente del Colegio de Abogados de Bolivia, Arturo Yáñez, cuestionó enérgicamente esta actitud en una entrevista con Panamericana. El abogado Yáñez calificó la acción del Ejecutivo como un "abuso de poder", al observar que una autoridad gubernamental se arroga atribuciones que corresponden exclusivamente a un órgano independiente como el judicial, lo que representa una clara intromisión.
Para el jurista Yáñez, esta situación lamenta la selectividad en la aplicación de la justicia en el país. El expresidente del Colegio de Abogados describió un "estado desinstitucionalizado" donde el sistema legal parece operar en función de conveniencias políticas. Como ejemplo de esta manipulación, el experto Yáñez citó el caso del exmandatario Evo Morales, sugiriendo inconsistencias en el tratamiento legal.
Desde el ámbito legislativo, la senadora de “APB – Súmate”, Claudia Mallón, reprochó la intransigencia que obstaculiza el diálogo con los grupos en protesta. La senadora Mallón también rechazó la disposición de las autoridades de gobierno a asumir compromisos que considera inviables, como el ofrecimiento de garantías para dirigentes acusados de delitos de gravedad.
La legisladora Mallón exigió responsabilidad y firmeza por parte de las autoridades, un planteamiento que, según ella, es compartido por varios sectores, incluido el movimiento cívico nacional. Asimismo, la senadora Claudia Mallón solicitó a los movilizados deponer las conductas beligerantes y sus condiciones irregulares, como la exigencia de dejar sin efecto las órdenes de aprehensión. En contraste, la representante de "APB – Súmate" afirmó que la ejecución de la medida legal contra Evo Morales debe concretarse sin dilaciones.
