Es de conocimiento general que figuras políticas de oposición, analistas y representantes de distintos sectores sociales, se pronunciaron en contra del proyecto de ley 280 “de fortalecimiento a la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas”, por considerar que retoma los riesgos advertidos en la llamada “ley maldita 218”, resistida durante el año 2021.
Sobre el tema, el abogado constitucionalista, Williams Bascopé, ratificó observaciones en torno a la criminalización del derecho a la protesta social y la modificación de tipos penales como el terrorismo.
El jurista insistió en que el objetivo de la normativa en cuestión en acallar a las voces disidentes del gobierno del MAS, y en este sentido, exhortó al Ministro de Justicia, Iván Lima, a coadyuvar en la gestión del presidente Luis Arce, en lugar de generar mayor conflictividad.
Sin embargo, el abogado y analista, Israel Quino, discrepó con su colega y pidió no incurrir en especulaciones y desinformación, dado que la ley mencionada se enmarca en recomendaciones y estándares internacionales.
Para Quino, es necesario desmentir que la intención del gobierno sea limitar el derecho a la protesta social, pues por lo contrario, dice, el objetivo es proteger derechos ciudadanos y evitar vínculos entre ciertos gremios con actividades ilícitas.
PANAMERICANA.
