Comunarios de la localidad de Chuy Chuy, perteneciente al municipio de Cotagaita (provincia Nor Chichas del departamento de Potosí), llegaron a la sede de gobierno para formalizar una denuncia pública por operaciones de minería ilegal en su territorio. En contacto con Panamericana, el representante del sector, Omar Peña, acusó a un grupo de personas, presuntamente liderado por el exsenador Hilarión Mamani, de explotar minerales en la zona de manera ilícita durante casi cuatro años.
Peña aseveró que las operaciones se realizan sin ningún tipo de autorización y sin generar aportes económicos para el Estado ni para la comunidad local. Indicó que el área intervenida figura bajo concesión a favor de una empresa privada que hasta la fecha no ha iniciado trabajos oficiales. Para sustentar la acusación contra el exlegislador, el comunario afirmó contar con registros fotográficos y audiovisuales de volquetas extrayendo mineral, argumentando que las placas de los vehículos identifican a Mamani como el propietario de los mismos.
El representante denunció que la ocupación del territorio ha perjudicado severamente la actividad agropecuaria de la comunidad. Explicó que los operadores mineros han entubado un ojo de agua del que dependían sus animales (ganado vacuno y caprino), provocando que las especies se dispersen y se pierdan al buscar otros lugares para beber.
Asimismo, Peña reportó el uso sistemático de explosivos para restringir el acceso al sector. Relató que los comunarios han intentado ingresar al área acompañados en diferentes oportunidades por un delegado provincial, efectivos policiales, un fiscal y, más recientemente el 20 de marzo, por personal de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). En todos los casos, las comitivas fueron repelidas con detonaciones. "En una oportunidad (...) han lanzado más de 30 dinamitas a nuestro alrededor (...) Eso ya es un atentado contra la integridad y la vida de las personas", aseveró el dirigente.
Finalmente, el comunario lamentó que las denuncias presentadas previamente ante la Fiscalía, la Gobernación de Potosí, el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) y la AJAM no hayan derivado en paralizaciones ni procesos efectivos.
Ante este escenario, Peña exigió a la AJAM una intervención inmediata y solicitó garantías de seguridad para los pobladores de su comunidad. Advirtió que, de no registrarse una respuesta institucional pronta, los habitantes considerarán asumir medidas de hecho. "Nosotros como comunidad vamos a tener que tomar la justicia por nuestras manos y no respondemos de lo que pueda pasar", concluyó.
