El investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Alfredo Zaconeta, advirtió sobre el grave descontrol en la minería aurífera en Bolivia, revelando que, ante la falta de aplicación plena de las normativas vinculadas al Convenio de Minamata, el mercurio utilizado en las gestiones 2023, 2024 y 2025 habría ingresado al país de forma ilegal. En entrevista con Panamericana, el experto explicó que aunque hubo un decreto para registrar a importadores y comercializadores, la resistencia del sector cooperativista impidió su reglamentación, generando un escenario donde la importación legal desapareció de las estadísticas mientras la producción de oro seguía creciendo.
Zaconeta también cuestionó duramente la reciente propuesta del ministro de Minería, Marco Antonio Calderón, quien planteó sustituir el uso de mercurio por cianuro en el norte amazónico del país. El investigador calificó esta alternativa como inviable para el contexto boliviano, argumentando que el 99,5% de la explotación de oro está controlada por cooperativas que trabajan bajo sistemas precarios, sin asistencia técnica y con nulos estándares ambientales. Explicó que el manejo seguro del cianuro requiere tecnología específica, como piscinas de lixiviado y encapsulamiento. Entregar esta sustancia altamente tóxica a operadores sin cualificación no solo contaminaría el agua, sino también el aire y la tierra, lo que "implicaría o triplicaría los riesgos" actuales para la salud humana y el ecosistema.
Finalmente, el experto atribuyó esta crisis a la pérdida de capacidad institucional del Estado para fiscalizar al sector, producto de 20 años de políticas del Movimiento Al Socialismo (MAS) que fomentaron un crecimiento desmedido de estos grupos. Detalló que las cooperativas pasaron de ser 800 a más de 3.200 en la actualidad, amparadas en normativas flexibles que les otorgan beneficios como el no pago de impuestos y la reducción de condicionamientos ambientales. Ante esta situación, Zaconeta instó al Gobierno a paralizar inmediatamente la otorgación de nuevas áreas y licencias de funcionamiento hasta ordenar el sector. Asimismo, propuso la creación de una ley integral del oro que defina claramente aspectos territoriales, ambientales y que recupere el rol de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) en la explotación de este recurso.
