Bolivia enfrenta una crítica de escasez de combustibles, con filas de vehículos que superan las seis cuadras en ciudades como La Paz y Bermejo16. La crisis se atribuye a la dependencia del 86% de importaciones de diésel y 56% de gasolina, junto a una falta de dólares para cubrir las compras internacionales.
El presidente Luis Arce descartó eliminar subvenciones o devaluar la moneda, argumentando que el problema es una "iliquidez transitoria de divisas". Sin embargo, los ingenieros advierten que la escasez podría extenderse al gas natural y GLP, afectando la industria y la alimentación.
medidas gubernamentales
El gobierno anunció 10 acciones para mitigar la emergencia:
1. Reducción del parque automotor estatal al 50%.
2. Aumento de la distribución de combustible al 80% en estaciones.
3. Aplicación móvil para localizar surtidores con surtido.
4. Priorización del transporte público, agropecuario y servicios básicos.
5. Teletrabajo y clases virtuales en ciudades.
6. Militarización de fronteras y estaciones para evitar el contrabando.
Aunque Arce solicitó créditos internacionales al Banco Mundial y BID, la oposición y expertos consideran las medidas insuficientes.
Impacto social y económico
Las protestas de transportistas se intensifican, con bloqueos de rutas y exigencias de renuncia de autoridades aduaneras. El 60% del transporte no opera por falta de combustible, afectando la distribución de alimentos y servicios esenciales.
La subvención de combustibles (Bs 3,72 por litro de diésel) mantiene precios bajos, pero incentiva el contrabando a países vecinos, con pérdidas estimadas en 250 millones de dólares anuales.
Propuestas y desafíos
La Sociedad de Ingenieros de Santa Cruz propone liberar el mercado energético para permitir importaciones privadas y evitar un colapso que afecta la electricidad y el GLP. Mientras, el gobierno insiste en que la solución pase por créditos externos, no por ajustes económicos.
La crisis refleja tensiones entre políticas sociales y la sostenibilidad fiscal, con riesgo de profundizar la inseguridad energética si no se implementan reformas estructurales.
PANAMERICANA.
