La justicia boliviana ha dispuesto el movimiento de los aprehendidos relacionados con el grupo criminal de Sebastián Marset. Esta trascendental decisión se tomó tras un violento asalto ocurrido en la zona del Urubó, en Santa Cruz, donde dos agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) fueron reducidos y maniatados dentro de un inmueble. Dicha propiedad, cabe destacar, había sido previamente incautada a la organización delictiva de Marset, lo que subraya la audacia del ataque.
Inicialmente, los implicados en este caso, que incluye a ciudadanos extranjeros y bolivianos, habían sido distribuidos en diferentes centros penitenciarios a lo largo del país. No obstante, los recientes sucesos de violencia en el Urubó motivaron una solicitud formal por parte de la Policía para reforzar de manera urgente las medidas de resguardo de estos individuos. Atendiendo a esta petición y a la gravedad de los hechos, la jueza Ximena Flores procedió a modificar su fallo original, reubicando a los reclusos para garantizar una mayor seguridad y evitar futuros incidentes.
Como resultado de esta nueva determinación judicial, seis de los acusados han sido trasladados al centro penitenciario de máxima seguridad de Chonchocoro, ubicado en La Paz, donde deberán cumplir una detención preventiva de 180 días. Adicionalmente, otros siete individuos fueron reubicados a la cárcel de Cantumarca, en Potosí. Por su parte, dos de los implicados permanecerán en el penal de Palmasola, en Santa Cruz, todos ellos sujetos a estrictas condiciones de custodia y vigilancia.
Los sindicados enfrentan graves acusaciones que incluyen tráfico ilícito de armas, pertenencia a una organización criminal, asociación delictuosa y atentado contra la integridad de miembros de organismos de seguridad del Estado. La captura de este numeroso grupo se llevó a cabo en una serie de operativos recientes efectuados en la región norteña de Santa Cruz, específicamente en localidades como Portachuelo y Montero, donde las fuerzas del orden lograron incautar un importante arsenal de armamento de guerra en posesión de los delincuentes.
Las investigaciones en curso están revelando detalles cruciales sobre la estructura y modus operandi de la red. Entre los integrantes del grupo se ha identificado a militares bolivianos en situación de retiro, quienes supuestamente desempeñaban un papel fundamental al liderar las estrategias operativas de la organización. Asimismo, las declaraciones de algunos ciudadanos de nacionalidad colombiana y ecuatoriana han confirmado que fueron reclutados específicamente para proveer protección personal a Marset, recibiendo remuneraciones mensuales que oscilaban entre los 2.000 y 3.000 dólares por sus servicios, lo que demuestra la capacidad económica y organizativa de la facción.
