La decisión judicial marca un precedente histórico. Según reportes de múltiples medios nacionales, la autoridad jurisdiccional encontró elementos suficientes para sostener que el exmandatario es "probable autor de dos delitos" (Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica) cometidos durante su gestión como Ministro de Economía.
A diferencia de otros ex dignatarios que fueron recluidos en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, el juez dispuso que Luis Arce sea trasladado al Penal de San Pedro, ubicado en pleno centro de la ciudad de La Paz.
La medida extrema de la privación de libertad se fundamenta en la existencia de riesgos procesales, principalmente el peligro de obstaculización en la investigación del caso Fondo Indígena, donde se investiga la malversación de recursos estatales.
El periodo de detención preventiva se fijó en cinco meses. Durante este tiempo, el Ministerio Público deberá completar los actos investigativos, realizar pericias financieras y recolectar las declaraciones de otros involucrados para presentar una acusación formal y llevar el caso a juicio oral.
La defensa del expresidente, encabezada por la exministra María Nela Prada, había solicitado que se defienda en libertad, argumentando que Arce tiene domicilio conocido y actividad lícita (docencia), pero estos argumentos fueron desestimados por el juez ante la gravedad de la afectación económica al Estado.
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