Tras la audiencia celebrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Miami, el abogado Thomas Becker analizó los alcances de la anulación de los juicios por los hechos luctuosos de 2019. Para el jurista norteamericano, no existe debate sobre la naturaleza de los sucesos: organismos como la ONU, el GIEI y Human Rights Watch coincidieron unánimemente en que hubo violaciones de derechos humanos y masacres, por lo que el Estado tiene la obligación de juzgar a los responsables.
Becker fue crítico con el argumento del debido proceso utilizado para anular las causas. Si bien reconoció que el sistema judicial boliviano tiene falencias históricas, cuestionó que estas correcciones se apliquen solo a ciertos líderes políticos y no a la población carcelaria en general.
"Cuando se anulan solamente unos casos, pero no otros, en una forma muy selectiva, es una señal de que fue una decisión basada en la política, no en la ley", afirmó Becker. Según su análisis, esta selectividad demuestra a la comunidad internacional que la justicia boliviana sigue siendo un instrumento maleable para el poder de turno, sentando un "precedente peligroso" de impunidad que podría ser aprovechado por cualquier líder futuro, sea de izquierda o de derecha.
El abogado advirtió que esta situación podría tener consecuencias tangibles para la administración del presidente Rodrigo Paz. En un momento de crisis económica, donde el gobierno busca "construir un nuevo camino", el incumplimiento de normas internacionales de derechos humanos podría cerrar el grifo del financiamiento externo.
"Si no siguen las normas internacionales, puede dañar a Bolivia. Instituciones que ofrecen dinero o quieren hacer acuerdos verán esto como una señal de que Bolivia es un estado paria", alertó Becker, sugiriendo que la falta de justicia tiene un costo político y económico real.
Ante el bloqueo de la justicia interna, Becker adelantó que las víctimas tienen un caso sólido para acudir al Sistema Interamericano. "Para evitar estos juicios, hay gran chance de que la Corte Interamericana acepte el caso", explicó. Esto implicaría un proceso no solo contra los autores materiales, sino contra el Estado boliviano en su conjunto.
Finalmente, el defensor recordó la importancia de la "no repetición" como forma de reparación. Comparando los eventos de 2019 con los de 2003 —a los que llamó una versión "2.0"—, concluyó que las falencias del sistema judicial no pueden ser un pretexto para la impunidad, tal como ocurrió en Ruanda, donde se buscó justicia a pesar de tener instituciones devastadas.
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