La Asociación Nacional de Periodistas (ANP), a través de su presidenta Zulema Alanes, ha manifestado su firme posición ante la situación que envuelve al director del medio de comunicación “Sol de Pando”, Wilson García Mérida. Alanes, líder de la organización gremial, calificó como un "exceso de autoridad" la exigencia de rectificación por parte de la Aduana Nacional, respaldando así la respuesta de rechazo del medio periodístico.
La presidenta de la ANP hizo hincapié en que este tipo de acciones, al margen de los procedimientos establecidos, podría sentar un precedente preocupante para la libertad de prensa en el país.
Según se ha difundido, el presidente ejecutivo de la Aduana Nacional, Alberto Soto de la Vía, en conjunto con la representación legal de la entidad, cursó una carta notariada al periodista García Mérida. En esta correspondencia, se demanda la corrección de una información supuestamente falsa, otorgando un plazo de tan solo cinco días hábiles.
La misiva advierte, además, que de no cumplirse con la rectificación solicitada, se iniciarán acciones legales contra el director. La información controvertida, objeto de la demanda, hace referencia a supuestas vinculaciones personales de Soto de la Vía que anteceden a su actual desempeño como funcionario público, lo cual, según Alanes, añade un matiz de improcedencia a la exigencia oficial.
En este contexto, Zulema Alanes recordó la existencia de mecanismos apropiados y transparentes para canalizar las observaciones o desacuerdos relacionados con la labor investigativa de García Mérida o de cualquier otro comunicador. La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas mencionó explícitamente la posibilidad de recurrir al Tribunal Nacional de Ética Periodística, una instancia especializada en dirimir conflictos de esta índole, garantizando un análisis imparcial.
Asimismo, Alanes subrayó la importancia de la aplicación de la Ley de Imprenta, un marco jurídico que regula la actividad periodística y establece los procedimientos para el derecho a réplica o rectificación, asegurando que cualquier reclamo se gestione dentro del respeto a la normativa vigente y a los principios democráticos de la prensa libre.
