La polémica sobre la comercialización de gasolina presuntamente adulterada suma un nuevo capítulo. En entrevista con el programa "Siempre en Domingo" de Panamericana, el investigador y analista en temas energéticos, Francesco Zaratti, evaluó las recientes denuncias del Gobierno sobre una supuesta red delincuencial que habría contaminado los carburantes. Para el experto, la situación se ha convertido en una "telenovela sin fin" donde las explicaciones oficiales cambian constantemente mientras la cifra de vehículos afectados por desperfectos mecánicos supera los 10.000.
Zaratti explicó que la crisis actual se debe a un lote específico de 150 millones de litros de gasolina de mala calidad, volumen que cubre aproximadamente entre 40 y 60 días del consumo nacional. Al cumplirse casi dos meses del inicio de los problemas, el analista estima que este lote problemático está próximo a agotarse, aunque criticó que el Gobierno haya intentado "mitigar" el daño reduciendo la proporción de etanol en la mezcla. En este punto, reveló una grave falencia técnica: mientras los fabricantes de automóviles prescriben un límite máximo de mezcla de alcohol de entre 7% y 10%, en el país se ha estado mezclando hasta un 12%, lo cual agrava considerablemente los problemas cuando el combustible base ya es deficiente.
Más allá de la contaminación física, Zaratti desestimó la narrativa oficial del sabotaje interno. "Se ha hablado de agua en los tanques, se ha hablado de asfaltina (...) pero no tenemos personas o grupos identificados claramente a los cuales se los pueda perseguir", indicó. Para el experto, el verdadero "sabotaje" al que se enfrenta Bolivia viene desde el exterior: el conflicto bélico con Irán, que ha disparado el precio internacional del barril de petróleo por encima de los 100 dólares. Considerando que Bolivia importa el 90% de su diésel y el 60% de su gasolina, esta alza tendrá un "efecto devastante" para la economía, poniendo en jaque el reciente esfuerzo del Gobierno por eliminar la subvención a los carburantes. Si no se aplica una urgente "diplomacia energética" para conseguir créditos o rebajas de países productores como Venezuela, Ecuador o Estados Unidos, el Estado se verá obligado a reponer el subsidio o a incrementar nuevamente los precios.
Para evitar que una crisis similar se repita en el futuro, el analista propuso tres medidas estructurales. Primero, prohibir que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sea "juez y parte" en la importación; las compras deben someterse a una certificación de calidad estricta e independiente, ya sea a través de la ANH, universidades o empresas verificadoras internacionales. Segundo, racionalizar y respetar los límites técnicos internacionales en la mezcla de etanol con los ingenios azucareros. Finalmente, Zaratti urgió a acelerar una transición energética real: "No podemos seguir dependiendo tanto de los hidrocarburos que no tenemos (...), depender menos del gas y del petróleo y más del sol, del agua y del viento".
