El viernes 5 de septiembre de 2025, el abogado constitucionalista José Antonio Rivera cuestionó en Panamericana la legalidad de los juicios en ausencia aplicados a Arturo Murillo, debido a la Sentencia Constitucional 0001-2024 que declaró inconstitucionales las normas que permitían dichos procedimientos por violar tratados internacionales de derechos humanos.
Rivera sostuvo que cualquier sentencia emitida bajo juicios de rebeldía carecería de validez y que la prisión preventiva debe ser una medida excepcional, recomendando que los jueces prioricen medidas sustitutivas menos gravosas para garantizar las garantías procesales.
En contraste, Ricardo Condori, Procurador General del Estado, afirmó que las sentencias previas contra Murillo deben cumplirse y anunció que solicitarán su detención preventiva, argumentando que la declaración de inconstitucionalidad solo aplica a procesos iniciados después de la sentencia y que los anteriores mantienen validez para evitar un "caos jurídico".
Condori también defendió que en el proceso contra Murillo se respetaron los procedimientos legales vigentes entonces, incluida la designación de abogado de oficio, y que la Procuraduría pedirá prisión preventiva por seis meses y traslado a un penal de máxima seguridad.
Este debate refleja tensiones legales y políticas en la administración de justicia en casos con fuerte repercusión.
PANAMERICANA.
