El abogado y activista por los Derechos Humanos, Franco Albarracín, ha formulado serias consideraciones sobre la gestión del gobierno de Rodrigo Paz en relación con la prometida reforma judicial estructural. En una reciente entrevista con Panamericana, Albarracín señaló que, en su percepción, no existen señales firmes ni acciones contundentes que demuestren una voluntad real de promover los cambios necesarios en el sistema de justicia boliviano, a pesar de la urgencia del tema.
Según el abogado, el actual escenario judicial boliviano no ha experimentado transformaciones significativas. A su juicio, el contexto continúa siendo similar al que en el pasado afectó a detractores del masismo, donde el sistema judicial parece operar aún en función del poder político de turno. Esta persistente dependencia, explicó el activista Albarracín, genera serias dudas sobre la correcta aplicación del debido proceso, especialmente en causas que involucran a exautoridades y que, como el caso de la ex diputada Lidia Patty, han suscitado criterios encontrados y debates públicos sobre la imparcialidad.
El activista Albarracín enfatizó que la reforma comprometida por el presidente Rodrigo Paz debe ser de naturaleza estructural, es decir, abordar los cimientos mismos del sistema para garantizar su independencia e imparcialidad efectiva. Hasta el momento, el especialista lamenta no identificar en la gestión de Paz las intenciones claras ni los pasos concretos que respalden dicha promesa. Esta aparente falta de iniciativas, según Albarracín, mantiene vigente la percepción de que la justicia sigue siendo vulnerable a injerencias externas, lo que obstaculiza la confianza ciudadana en las instituciones.
Asimismo, en un punto crítico de su análisis, Albarracín cuestionó vehementemente la supresión del Ministerio de Justicia. Para el abogado y activista, esta medida, lejos de fortalecer el sistema, podría interpretarse como un debilitamiento de la institucionalidad encargada de velar por la justicia.
El experto argumenta que un cambio de tal magnitud debería haber estado acompañado de una justificación sólida y una estrategia clara para asegurar que las funciones esenciales del ministerio sean asumidas de manera efectiva, sin menoscabar la defensa de los derechos humanos y la transparencia en el ámbito judicial, elementos cruciales para la credibilidad del Estado de derecho en Bolivia.
PANAMERICANA.
