El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Gonzalo Morales, expresó la plena comprensión de su entidad ante la creciente inquietud ciudadana. Esta preocupación, según Morales, radica en los palpables riesgos asociados al uso de combustible que no cumple con los estándares de calidad.
A pesar de entender el malestar, el dirigente industrial recalcó que las medidas de presión, como el paro en curso en La Paz, no representan la forma más idónea para canalizar los reclamos, debido a las significativas consecuencias adversas que generan para la actividad productiva y la vida cotidiana.El líder empresarial, Gonzalo Morales, enfatizó la urgencia de que el gobierno agilice la implementación de mecanismos robustos que garanticen una calidad adecuada en los carburantes que se distribuyen a nivel nacional.
Morales advirtió que la prolongación de este conflicto tendrá repercusiones nocivas. Estas no solo afectarán los sectores económico y productivo del país, sino que también podrían comprometer la estabilidad y la gobernabilidad, haciendo un llamado a la acción inmediata por parte de las autoridades pertinentes.
A su vez, el director del Instituto de Investigación Mecánica de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Jaime Sánchez, descartó con firmeza las hipótesis que sugieren un acto de sabotaje o una herencia de gestiones gubernamentales pasadas como el origen de la problemática.
El académico Sánchez lamentó profundamente que el apoyo técnico propuesto por la institución que dirige a las instancias correspondientes no haya sido considerado ni admitido, imposibilitando así la concreción de acuerdos y la puesta en marcha de los controles de calidad indispensables.
El ingeniero Sánchez manifestó una profunda inconformidad y evidente molestia ante lo que describió como una situación recurrente. El director del Instituto de Investigación Mecánica criticó que este problema fundamental no se resuelva de manera oportuna y efectiva, incluso frente a los reiterados reclamos de una sociedad que se ve directamente impactada y afectada por lo que considera conductas irresponsables en la gestión y distribución de los combustibles. Esta dilación, según Sánchez, perpetúa un ciclo de incertidumbre y riesgo para los usuarios y sus vehículos.
