Expertos en seguridad y análisis político han instado al Gobierno boliviano a tomar medidas urgentes frente a las movilizaciones y bloqueos registrados el miércoles 13 de mayo de 2026, advirtiendo sobre la inseguridad y la vulneración de derechos fundamentales. Las declaraciones, emitidas en entrevista con Panamericana, subrayan la necesidad de restablecer el orden y garantizar la convivencia ciudadana ante la escalada de conflictos en el país.
Omar Durán, experto en seguridad, manifestó su profunda preocupación por los hechos violentos y las situaciones de inseguridad que han acompañado las recientes protestas. Durán enfatizó la urgencia de que la Policía Boliviana adopte acciones contundentes e inmediatas para contener estas manifestaciones que, a su juicio, están desbordando los límites pacíficos. Asimismo, el experto
Durán abordó la propuesta de declarar un estado de excepción, una medida legalmente contemplada en la Constitución boliviana. Según Durán, el Estado debería considerar su implementación detalladamente, evaluando el contexto actual para determinar si es la herramienta adecuada para asegurar la paz social y el orden.
Por su parte, el analista Ramiro Sánchez hizo un vehemente llamado al respeto irrestricto de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Sánchez explicó que, si bien la Constitución Política del Estado ampara el derecho a la protesta pacífica como una expresión democrática, este no puede ser ejercido en detrimento de otras garantías esenciales, como el derecho a la vida y, crucialmente, el derecho a la libre circulación de las personas y bienes.
El analista Sánchez subrayó que los bloqueos observados en el territorio nacional están afectando directamente estas garantías constitucionales, impactando negativamente en la economía y la vida cotidiana de la ciudadanía.
El señor Sánchez fue enfático al indicar que los actos de violencia o vandalismo no se encuentran bajo el amparo de ningún derecho a manifestarse, y deben ser repudiados. Por ello, consideró imperativo que el gobierno central intervenga eficazmente para restaurar plenamente el estado de derecho en las zonas afectadas.
Para lograr este objetivo, el analista Sánchez sugirió la actuación decidida de las fuerzas policiales, respaldada por un plan claro, y adicionalmente, la iniciación de acciones civiles pertinentes que contribuyan a la pacificación y el respeto de la ley, evitando que se perpetúe la impunidad.
