Julio Alvarado, diplomático, calificó de favorable la inclusión de la situación boliviana en la próxima reunión de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Alvarado explicó que esta acción podría someter al país a una observación más rigurosa y, eventualmente, a sanciones por parte de la comunidad internacional. Esta presión externa, según el diplomático, forzaría al Gobierno a tomar medidas concretas para resolver la actual coyuntura.
En relación con la propuesta de diálogo emitida por la Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos de El Alto, el señor Alvarado reconoció que cualquier iniciativa que fomente la concertación es bienvenida. Sin embargo, el diplomático no dejó de señalar su preocupación por la posible parcialidad de estas dos instituciones, lo que podría afectar la credibilidad del proceso.
Por su parte, Javier Gisbert, expresidente de la Asamblea de Derechos Humanos de La Paz, también compartió las inquietudes respecto a la representatividad de las entidades convocantes al diálogo. El señor Gisbert enfatizó la necesidad de que las instituciones participantes gocen de reconocimiento y legitimidad, asegurando que cualquier encuentro sea completamente imparcial para lograr resultados efectivos.
El expresidente de la Asamblea de Derechos Humanos de La Paz, Gisbert, reiteró firmemente que la única vía para superar la crisis nacional es el diálogo constructivo. Subrayó que la compleja situación que atraviesa el país no se resolverá mediante la destitución del gobierno legítimamente elegido, sino a través de un consenso amplio y transparente que involucre a todos los sectores.
Ambos expertos coincidieron en la urgencia de buscar soluciones duraderas para Bolivia. El diplomático Alvarado y el activista Gisbert destacaron que, si bien el diálogo es crucial, su éxito dependerá de la imparcialidad y la legitimidad de todas las partes involucradas, tanto a nivel nacional como internacional, para evitar agravar la polarización existente en la nación.
