En su análisis, los reparos de la oposición y de algunos veedores acreditados para el proceso, se exponen de forma extemporánea pues debieron ser manifestados en el momento oportuno. Por ello, desvirtuó la pertinencia de aducir objeciones en esta fase que requiere, dice, de consenso ineludible.
A juicio de Richter, el escenario actual evidencia contradicciones entre el discurso orientado a la concertación, y la actitud que asumen legisladores de “Comunidad ciudadana” y “Creemos” en desmedro de la institucionalidad de la Defensoría.
El vocero presidencial, añadió que una ley corta para facilitar la designación sería una medida paliativa y no una solución estructural. Además, apeló a la responsabilidad de las bancadas de oposición para suscribir un acuerdo, en la perspectiva de que aún se proyectan procesos de suma importancia como la elección del Contralor del Estado, y la reforma judicial, como ejemplos.
Sin embargo, los veedores del proceso de selección y elección de titular en la Defensoría del Pueblo, reafirmaron sus observaciones y la percepción de que la calificación de aspirantes fue poco objetiva y discrecional, según señaló la activista Sandra Verduguez, como integrante de la agrupación “Observación Ciudadana de la Democracia”.
Al margen de advertir que la posibilidad de prolongar un interinato en la institución es inadmisible, Verduguez ratificó que las falencias que expone son consecuencia de un reglamento impreciso, poco objetivo y vulnerado, dice, por la propia Comisión de Constitución de la Asamblea Legislativa.
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