En esta línea, fundamentó sus observaciones y el surgimiento de susceptibilidades en torno a una “colusión” criminal entre grupos delictivos y el estado boliviano, con el riesgo de profundizar una problemática multidimensional.
La legisladora de oposición, recordó que el incidente registrado en el municipio de Guarayos en Santa Cruz, no es el primero en su tipo, de modo que el temor de que se repliquen escenarios como los que se evidencian en Colombia o Venezuela, no es infundado.
Sobre el tema, el abogado y militar en servicio pasivo Jorge Santistevan, también se mostró consternado y emitió cuestionamientos a la estrategia del Ministerio de Gobierno por actuar con pasividad, dice, frente a organizaciones armadas y entrenadas por extranjeros.
Para el jurista Santistevan, la respuesta adecuada debió ser el despliegue inmediato de grupos capacitados de la policía y del ejército, en pos de descartar posibilidades de que los delincuentes evadan a la justicia.
Por ello, criticó la orden de trasladar a un contingente de 200 efectivos policiales pasado el tiempo prudencial y denotando poca seriedad en el diseño de tácticas efectivas.
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