El dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Adalberto Ticona, manifestó el rechazo orgánico de su sector a la Ley 17-20, argumentando que la normativa no fue impulsada por el movimiento campesino, sino por representantes de la clase empresarial en la Asamblea Legislativa.
En entrevista con Panamericana, Ticona aclaró los alcances de la "resistencia" anunciada por las federaciones departamentales. Explicó que no se busca un enfrentamiento entre bolivianos, sino que las primeras medidas se enfocarán en tres frentes: una batalla jurídico-constitucional, una defensa técnica sobre la función de la tierra y una impugnación en el ámbito administrativo. Sin embargo, advirtió que, si no obtienen resultados positivos por estas vías, el sector se verá obligado a retomar las movilizaciones en las calles y carreteras.
El principal cuestionamiento de la CSUTCB radica en los efectos de la reconversión de las tierras. Ticona advirtió que, al convertir las parcelas en propiedad privada susceptible de garantías crediticias, los campesinos quedan expuestos a embargos.
"Cualquier hermano campesino que en adelante pueda prestarse (...) si no puede pagar, este terreno será confiscado por el banco", argumentó el dirigente. Señaló que el sector rural carece de la "cultura empresarial" y del asesoramiento estatal necesario para garantizar la rentabilidad de sus producciones frente a las obligaciones financieras, advirtiendo que los préstamos a menudo no se destinan a la función económica social inmediata, lo que dificulta el flujo de caja para pagar las deudas.
El representante campesino también expresó su preocupación por la administración de la tierra a nivel estatal. Denunció que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) cuenta actualmente con directivos de "pensamiento empresarial" y cuestionó la influencia del senador Branco Marinkovic en la promoción de estas políticas.
Para Ticona, la norma tiene un fondo político que busca desarticular la fuerza de movilización del bloque campesino. Expresó el temor de que, a través de esta ley, las tierras pasen a manos de grandes redes empresariales internacionales y los productores originarios pierdan su principal recurso. "Vamos a dejar de ser campesinos (...) y ser pongos o ser empleados de las empresas", concluyó, advirtiendo sobre el riesgo de que el campesinado desaparezca del mapa social ante estas medidas.
