La Cámara de Diputados sancionó este martes, por más de dos tercios de votos, la anulación de la Ley N.º 1341, norma que desde 2020 regulaba y limitaba la aplicación de los estados de excepción en el país. Con esta decisión, el Proyecto de Ley pasa al Órgano Ejecutivo para su promulgación, dejando el control del orden público bajo las atribuciones directas que emanan de la Constitución Política del Estado (CPE).
Argumentos a favor: Operatividad y protección civil
Desde la bancada de Comunidad Ciudadana y sectores afines al Gobierno, se argumentó que la Ley 1341 (conocida como "Ley Copa") constituía un obstáculo administrativo que impedía al Estado reaccionar con rapidez ante situaciones de "extrema violencia" y "asfixia económica". El diputado Carlos Alarcón sostuvo que la abrogación no busca vulnerar derechos, sino permitir que el Estado ejerza su deber de garantizar la seguridad de los ciudadanos que no participan de los bloqueos y que hoy sufren por la falta de alimentos y combustibles.
Argumentos en contra: Riesgo de excesos y DD.HH.
Por otro lado, legisladores del ala radical y representantes de organizaciones sociales manifestaron su profunda preocupación. Argumentan que la Ley 1341 era una "garantía democrática" que evitaba el uso discrecional de las Fuerzas Armadas. Advierten que, sin esta regulación, el Gobierno podría incurrir en excesos de fuerza sin el control fiscalizador inmediato de la Asamblea Legislativa, lo que podría derivar en una escalada de violencia en los puntos de conflicto.
¿Qué implica técnicamente la abrogación?
La desaparición de la Ley 1341 cambia el tablero jurídico en tres puntos fundamentales:
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Mando Directo: El Ejecutivo recupera la potestad de disponer de las fuerzas del orden sin los protocolos adicionales de supervisión que establecía la norma de 2020.
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Marco Constitucional: La regulación vuelve a los artículos 137 al 140 de la CPE, que estipulan que el estado de excepción puede declararse en caso de peligro para la seguridad del Estado o conflicto interno grave.
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Control Posterior: A diferencia de la ley abrogada, que exigía controles previos, ahora el control de la Asamblea Legislativa se ejerce principalmente de forma posterior a la declaración del estado de excepción.
Un país en expectativa
La sanción de esta norma llega en el momento de mayor tensión de los últimos años, con ciudades como La Paz y El Alto enfrentando un desabastecimiento crítico. Mientras el sector transporte y empresarial exigen el uso de la ley para garantizar la transitabilidad, las organizaciones en apronte aseguran que cualquier intento de intervención militar será resistido en las carreteras.
La moneda queda ahora en manos del presidente Rodrigo Paz, quien deberá decidir si hace uso de estas facultades recuperadas o si mantiene la apuesta por una salida negociada al conflicto que paraliza al país.
