En vista de que dichos acontecimientos resurgen de forma contradictoria en los testimonios enmarcados en el caso “golpe de estado II”, el abogado e investigador Carlos Bohrt, formuló cuestionamientos a la seriedad de los implicados afines al masismo, y dedujo que la intención actual es obstaculizar un eventual juicio de responsabilidades.
A su juicio, el gobierno del MAS cambió de postura y por ello insiste en modificar versiones, pese a la evidencia existente y el concepto de la sociedad sobre la inexistencia de un golpe de estado, sino más bien, dice, de un fraude electoral y la pretensión de generar un vacío de poder.
El jurista Carlos Bohrt, anticipó incluso que la sentencia contra Añez está lista siguiendo intereses del MAS, aunque advirtió que carecerá de legitimidad y se interpretará como una forma de “venganza” por el fracaso del plan urdido por Evo Morales.
Empero, el ex Ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, rebatió lo expuesto, afirmando que si bien la opción de renuncia alternativa no prosperó, las renuncias de las máximas autoridades de aquel entonces fueron forzadas, informales y no eximen la figura de golpe de estado.
Según su análisis, el procedimiento que debió aplicarse fue omitido por los siguientes motivos.
En síntesis, Moldiz ratificó que el plan diseñado para posesionar a Jeanine Añez se llevó delante de manera arbitraria y los sucesos posteriores constituyen una sumatoria de actos ilegales e inconstitucionales ahora juzgados como corresponde.
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