En primera instancia, el vocero del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, Manuel Morales, ratificó el rechazo de la entidad al caso por considerar que carece de fundamento jurídico, y recordó el contexto en el que se desarrolló dicha reunión.
Al margen de observar que la fiscalía cite solamente a algunos de los actores involucrados en los hechos de aquel entonces, el activista del CONADE hizo énfasis en el rol de las ex legisladoras del MAS Adriana Salvatierra y Susana Rivero.
Según manifestó, su presencia en el concilio tenía como objetivo viabilizar la salida del ex presidente Evo Morales del país tras su renuncia.
Desde otra perspectiva, el Ministro de Justicia, Iván Lima, subrayó que el proceso se desarrolla en el marco de la normalidad y la democracia, a tiempo de destacar la importancia de la etapa orientada a recabar testimonios de todos los personajes implicados en los acontecimientos de 2019 a fin de presentar o no imputaciones formales.
Sobre la pertinencia de emitir una citación para los ex mandatarios de estado, Evo Morales y Álvaro García Linera, la autoridad convino en que conocer sus versiones será fundamental, aunque recordó la posibilidad de que los mencionados presten declaración por escrito.
Además, el ministro Lima observó el asesoramiento jurídico de la ex diputada masista Lidia Patty, por generar tergiversaciones y confusión al referirse al papel que desempeñaron las ex legisladoras Salvatierra y Rivero.
Sobre el mismo tema de análisis, el ex Ministro de la Presidencia y abogado de profesión, Jerjes Justiniano, confirmó su asistencia a prestar declaración en calidad de testigo si se cumplen las condiciones propicias, y aportó con detalles sobre las reuniones multisectoriales que se realizaron en la sede de gobierno para pacificar al país.
Además de aclarar que los encuentros no fueron escenario para la toma de decisiones trascendentales, sino espacios de opinión, el jurista sumó cuestionamientos y reafirmó su tesis de que la intención de Morales era generar caos a raíz de un vacío de poder, sin contar con la eventualidad de que las negociaciones conduzcan a la asunción constitucional de Jeanine Añez a la presidencia.
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