Por ejemplo, dirigentes del rubro comercial denunciaron la pretensión de imponer sanciones directas e intervenciones arbitrarias con la excusa de combatir el narcotráfico.
Sobre el tema, el ejecutivo de la Confederación de Trabajadores Gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa, fundamentó las objeciones a la norma e informó que hoy se desarrolla un ampliado nacional en la ciudad de La Paz para definir estrategias de presión.
El dirigente, manifestó que el proyecto de ley debe dejarse sin efecto dados sus alcances perjudiciales en diversos ámbitos, y en este sentido anunció la articulación con otros sectores sociales afectados.
A propósito, el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Dr. Luis Larrea, coincidió al calificar la normativa como “inconstitucional” y recordó la lucha de la ciudadanía para lograr la abrogación del Código Penal modificado durante el mandato del ex presidente Evo Morales, y cuyos alcances podrían aplicarse ahora, según advirtió.
El galeno, ratificó que el proyecto de ley en cuestión tiene fines persecutorios y supone un riesgo para todos los bolivianos. Por ello, también dio cuenta de acercamientos con otras ramas de profesionales, como el Colegio de Abogados, para garantizar contundencia en eventuales pronunciamientos y movilizaciones.
Así también, el ex dirigente de la Central Obrera de El Alto, Roberto de la Cruz, criticó el contenido de la norma y consideró que su aprobación representaría un “atentado contra el mundo andino” por limitar la voluntad de desarrollo, las ambiciones naturales y hasta la libertad de expresión.
De la Cruz, informó que la FEJUVE y otras organizaciones se declararon en estado de emergencia y en rechazo a que el país siga el rumbo de naciones como Venezuela y Cuba.
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