Según el jurista, el grado de contaminación ha llegado al punto de que la aparición de fotografías y otro tipo de pruebas para establecer presuntos vínculos irregulares, ya no representa sorpresa ni es motivo de reparo entre los implicados.
Gary Prado, lamentó que el poder derivado del narcotráfico interfiera en la administración de justicia y deje en la impunidad a los acusados, pese a la evidencia en su contra.
En este sentido, reprochó la falta de voluntad por parte del gobierno para ejercer una lucha firme y decidida contra el delito, dejando incluso que se instalen organizaciones criminales en el país convirtiendo al Chapare cochabambino en una especie de “republiqueta”.
Sin embargo, los criterios del abogado fueron rebatidos por el diputado del MAS, Jerjes Mercado, quien no sólo negó que Bolivia pueda considerarse un “narco estado”, sino que resaltó la lucha permanente y frontal de gobierno contra este ilícito.
A propósito, opinó que la marcha contra el narcotráfico convocada hace poco por el Comité Cívico Pro Santa Cruz fue la única iniciativa que considera destacable de la entidad, aunque detectó cierta hipocresía de sus dirigentes.
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