La Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados aprobó un contrato con una empresa rusa para la industrialización de litio, decisión que continúa generando controversia. La diputada de Comunidad Ciudadana, Lissa Claros, reiteró que el proceso presenta vicios de nulidad y acusó la vulneración de procedimientos legislativos para forzar su aprobación.
Claros afirmó comprender la molestia de sectores que rechazan un convenio que considera desfavorable para el país, aunque pidió actuar con responsabilidad a pocas semanas de las elecciones generales.
Por su parte, el presidente de una de las facciones del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Edgar Bohrt, propuso la creación de un consejo técnico–legal que aclare dudas sobre los términos contractuales, advirtiendo que el contexto electoral facilita la politización de un tema complejo. Señaló que se insistirá en coordinar reuniones con autoridades para socializar los beneficios que, según dijo, aportaría el proyecto al desarrollo nacional.
En tanto, el gerente de Ingeniería de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), René Salinas, lamentó que algunos legisladores mantengan un sesgo político en su valoración del contrato. Exhortó a que se realice un análisis jurídico y técnico, libre de consignas partidarias, para identificar los aspectos que, a su criterio, favorecen a los intereses de Bolivia.
PANAMERICANA.
