El abogado Wilfredo Chávez, representante legal del exmandatario Evo Morales, denunció que el proceso judicial que derivó en la orden de aprehensión contra su cliente está plagado de irregularidades y violaciones al debido proceso. Entre los principales argumentos, Chávez resaltó la ausencia de una declaración formal de Morales ante la fiscalía, calificando esta omisión como un “vicio de nulidad”.
“La falta de una declaración constituye un obstáculo insalvable para validar cualquier imputación. Esta situación compromete tanto al juez que emitía la orden como al órgano judicial en su conjunto”, afirmó Chávez, quien también advirtió sobre las posibles responsabilidades jurídicas y políticas que podrían surgir por estas irregularidades.
Por su parte, el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, reconoció que la orden de aprehensión sigue vigente, pero admitió que existen “percances y falencias” que han dificultado su ejecución. Aunque evitó dar mayores detalles, aseguró que las autoridades están trabajando en la resolución de estos inconvenientes.
El caso ha generado polémica en el ámbito judicial y político, con sectores que cuestionan la independencia del sistema judicial y otros que respaldan la medida como parte de los procedimientos legales correspondientes. En este contexto, el debate sobre el respeto al debido proceso y los derechos fundamentales de los acusados cobra relevancia.
PANAMERICANA
