Panamericana recogió evaluaciones de analistas para ampliar nociones básicas al respecto. En primera instancia, la politóloga, Jimena Costa, fundamentó su percepción de que la normativa es riesgosa debido al contexto actual, en el que identifica señales de que el gobierno pretende imponer un modelo de estado en el que obtiene control absoluto de todos los órganos en su momento de mayor debilidad.
A juicio de la ex parlamentaria, corresponde aplicar modificaciones sustanciales a la normativa en cuestión y otras que componen un paquete de leyes objetadas por gran parte de la sociedad, dado que el plan de desarrollo económico y social vulnera principios autonómicos e ingresa en contradicciones con la Constitución Política del Estado.
Con una visión opuesta sobre la Ley 1407, el analista político Mike Jemio, recordó que la población boliviana no opuso resistencia a una base jurídica vigente desde hace varios años y contenida en la denominada “agenda patriótica” del Movimiento Al Socialismo.
Por ello, calificó las observaciones actuales como “incomprensibles” y reprochó el proceder de algunos personajes a quienes acusó de “oportunismo político”.
Para Jemio, el plan de desarrollo económico y social diseñado por el gobierno de Luis Arce, no atenta contra las autonomías y en tal sentido, es necesario mejorar la estrategia de socialización y optimizar el nivel de coordinación con niveles subnacionales en aras de cumplir objetivos de beneficio común.
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