La mañana de este martes, habitantes del municipio de Quillacollo iniciaron un bloqueo indefinido en la estratégica ruta que enlaza Cochabamba con el occidente del país. Esta medida de presión, que busca justicia y esclarecimiento, se concentra específicamente en la avenida Blanco Galindo, principal arteria hacia La Paz, y en la avenida Capitán Ustáriz, una vía alternativa crucial que conecta con Quillacollo y sirve como punto de partida para el transporte hacia Oruro y la sede de gobierno. Los manifestantes han obstruido completamente el paso con rocas y vehículos, permaneciendo firmes en las calzadas como señal de protesta.
Esta contundente movilización surge como respuesta directa a los trágicos eventos ocurridos la noche del lunes. En esa ocasión, dirigentes de los diez distritos de Quillacollo, junto a representantes del Control Social del municipio, convocaron al paro y bloqueo tras los violentos enfrentamientos entre efectivos policiales y comunarios en el botadero de Colcapirhua, ubicado en Cotapachi. Este choque resultó lamentablemente en la muerte de dos personas y dejó a varias heridas, generando una profunda indignación local.
El conflicto de fondo se originó por una prolongada disputa de límites territoriales entre Quillacollo y Colcapirhua, que había llevado a los comunarios a mantener un bloqueo por doce días en el acceso al vertedero. La intervención policial, destinada a despejar la vía y restablecer el tránsito, escaló rápidamente a un enfrentamiento directo. Los manifestantes, en un intento de advertencia, detonaron petardos y dinamita, a lo que los uniformados respondieron con el uso de gases lacrimógenos para dispersar a la multitud.
Las víctimas fatales de este altercado fueron identificadas como Sinforiano Carrillo, de 47 años, y Marco Padilla Meneses, de 38, ambos fallecidos a causa de heridas de bala, según los reportes preliminares. Además de los decesos, el incidente dejó un saldo de seis personas lesionadas, entre ellas cuatro comunarios –Josué Illanes, Josué Padilla, Raúl Padilla y José Mamani– y dos agentes policiales, Carlos Quiroz y Laura Ticona. La magnitud de la violencia ha conmocionado a la comunidad.
Ante la gravedad de los hechos, se ha programado para este mismo martes el ingreso de una comisión de fiscales al lugar del enfrentamiento. Su misión principal es llevar a cabo las investigaciones exhaustivas necesarias para esclarecer a cabalidad las circunstancias que rodearon los decesos y las lesiones, así como determinar las responsabilidades individuales y colectivas en estos lamentables sucesos que han sumido a la región en un estado de tensión y duelo.
