El sector del transporte libre de La Paz ha comunicado un ajuste significativo en los precios de sus pasajes. Este incremento responde directamente a la decisión gubernamental de modificar los precios del combustible en el país, lo que ha generado malestar y acciones inmediatas por parte de los operadores de transporte.
Limbert Tancara, principal dirigente del transporte libre departamental, detalló la nueva estructura tarifaria. A partir de ahora, el pasaje para minibuses se establecerá en Bs 5. Además, las tarifas para trufis en trayectos largos ascenderán a Bs 6.50. El líder gremial informó que los precios para tramos cortos vecinales serán definidos internamente por cada sector, y también se buscará homologar nuevas tarifas para el transporte provincial.
El dirigente Tancara expresó sus disculpas a la ciudadanía, enfatizando que esta drástica determinación no es una responsabilidad directa del gremio. Atribuyó la culpa a las políticas gubernamentales, las cuales, según él, "quieren amedrentar a los sectores más desprotegidos". Asimismo, el líder transportista, quien fue candidato a diputado por el MAS, instó a la población a manifestar su descontento, señalando a la "Casa Grande del Pueblo" como el origen del conflicto y la confrontación.
Según Tancara, el Gobierno optó por una solución "fácil" al ajustar los combustibles, sin considerar las propuestas previas del gremio. Los transportistas, según el representante Tancara, habían presentado un cronograma de trabajo que incluía, entre otras sugerencias, la implementación de un cambio del 100% en la matriz energética. Esta iniciativa, según el sector, habría ofrecido una alternativa más sostenible y menos perjudicial para los usuarios y los trabajadores del volante.
La medida del transporte libre paceño se aplica de forma inmediata, afectando a miles de usuarios que dependen de estos servicios para su movilidad diaria en la capital. El dirigente Limbert Tancara y su sector esperan que la población comprenda su postura y se sume a la protesta contra las decisiones gubernamentales que, a su juicio, impactan negativamente en la economía de las familias.
