A través de Panamericana, el vocero del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales, se refirió a las resoluciones del Comité Cívico Pro Santa Cruz, que entre otras medidas, convocó a una movilización a nivel nacional el 10 de enero en rechazo al régimen autoritario que percibe del gobierno del MAS.
Para el activista, la estrategia es procedente, aunque debe ser complementada con otras alternativas para adquirir contundencia, en vista de que las protestas callejeras no generan suficiente presión para lograr respuesta a las demandas del movimiento cívico.
Si bien, afirmó que el Conade respalda la causa cruceña, Morales expuso objeciones a uno de los puntos resueltos por el comité pro Santa Cruz, referido a las elecciones judiciales y que, según dice, no habría sido meditado.
Manuel Morales reafirmó que para lograr cambios con miras a las elecciones del año 2025 es necesario desarrollar procesos previos. Por otro lado, aseveró que el juez Sergio Pacheco, relacionado con el caso de Camacho, debería ser destituido.
Sin embargo, el exministro de Autonomías y analista político, Hugo Siles, formuló criterios contrapuestos sobre el conflicto social en Santa Cruz y diferenció el derecho legítimo a la protesta social de la inducción a la violencia y al vandalismo que observa por parte de supuestos grupos paramilitares bajo consignas políticas.
La exautoridad recalcó además que las elecciones judiciales están contempladas en la Constitución Política del Estado y no pueden suspenderse por imposición unilateral de ciertos dirigentes o entidades de representación minoritaria.
Siles, también defendió el rol de la policía boliviana a tiempo de desvirtuar tesis que hacen alusión a un uso excesivo de la fuerza y vulneración a derechos básicos de los movilizados.
Aseguró que los casos observados son aislados y los responsables recibirán la sanción que corresponda, como ya se anunció.
Sobre las movilizaciones en Santa Cruz, el representante vecinal de la Villa 1ro de mayo en la capital oriental, Luis Aponte, destacó la firmeza de los ciudadanos auto convocados que se manifiestan en contra de los abusos que ejercen, dice, efectivos policiales.
Aponte reafirmó el carácter pacífico de las concentraciones callejeras y reiteró que el caso del gobernador Camacho está plagado de irregularidades y vulneraciones que no pueden tolerarse, ya que ponen en riesgo las garantías jurídicas de todos los bolivianos.
Del mismo modo, el presidente del Comité Cívico de Tarija Adrián Ávila, dio cuenta de la unidad concertada en el reciente encuentro de estas organizaciones a nivel nacional.
También ratificó la percepción de que el gobierno del MAS pretende generar una cortina de humo con el caso del gobernador cruceño para desviar la atención de una gestión deficiente y una próxima crisis económica.
El líder cívico, convocó a los bolivianos a sumarse a las marchas que se desarrollarán el 10 de enero.
PANAMERICANA.
