A propósito de recientes denuncias de daños materiales contra inmuebles particulares, el presidente de la junta vecinal de Villa El Carmen y barrios aledaños, Narciso Arce, comunicó que los dirigentes otorgan un plazo de 24 horas a la policía y a los cocaleros para replegarse y respetar derechos básicos, antes de ejecutar estrategias propias.
El representante de la junta de vecinos, lamentó la dilación de la problemática y responsabilizó al gobierno del MAS por interferir en una institución privada.
Además, subrayó que este movimiento no tiene fines políticos y solamente defiende la seguridad y libertad de la ciudadanía.
Sobre el tema y en representación de ADEPCOCA, Alcides Arce, rememoró el origen de la controversia cuando el ex presidente Evo Morales decepcionó al sector, dice, promoviendo normas diferencias por regiones en lugar de enfocarse en la industrialización de la hoja de coca.
Arce, advirtió que los productores de Los Yungas de La Paz, no permitirán que se consolide el plan del MAS de crear una confederación nacional sin distinción entre la producción de coca para el consumo tradicional.
Así también, rechazó la representatividad del dirigente avalado por el gobierno Arnold Alanes, y confirmó que los movilizados no desistirán en su objetivo de recuperar la sede de ADEPCOCA.
Por su parte, la abogada Evelyn Cossío, asesora jurídica de ADEPCOCA y defensora del presidente electo de la institución, Armin Lluta, lamentó el recrudecimiento del conflicto que se evidencia con varias personas heridas y el siguiente reporte de aprehendidos.
Por otra parte, la jurista denunció el caso de un hombre de la tercera edad presuntamente agredido por un uniformado, y abandonado a su suerte, según lo narrado, ya que la policía detuvo a quienes acudieron a socorrerlo.
Acerca de las irregularidades que detecta en este caso, la Dra. Evelyn Cossío, asesora de ADEPCOCA, citó anomalías sobre el rol de los bomberos frente a un incendio y la sospechosa quema de vehículos en desuso, como indicios de una estrategia maliciosa del MAS para vincular a los productores de Los Yungas con hechos delictivos.
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