Una acción de inconstitucionalidad abstracta fue presentada por el diputado del MAS, Juan José Jáuregui, ante el Tribunal Constitucional para solicitar la modificación de la Ley 044, norma que regula el juzgamiento de altas autoridades salientes. La propuesta busca que, en lugar de aplicar el Código Penal, se impongan sanciones administrativas cuando sea necesario.
Esta iniciativa ha generado rechazo en sectores políticos, incluyendo a la diputada opositora Krupskaya Oña, que calificó la acción como un intento de beneficiar políticamente a quienes habrían causado daño al país, usando para ello a magistrados con mandato prorrogado.
El abogado y diputado Carlos Alarcón también expresó preocupación y pidió al próximo gobierno enviar una señal clara contra la impunidad y el uso distorsionado de la Constitución. Desde un punto de vista jurídico, el experto constitucionalista José Antonio Rivera manifestó sorpresa e indignación, advirtiendo que los magistrados con mandatos prorrogados podrían enfrentar responsabilidades por usurpación de funciones, y exigió a las autoridades electas actuar con firmeza para desmontar riesgos derivados de estas irregularidades.
La ley 044, promulgada en 2010, establece un marco específico para enjuiciar a las altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y Ministerio Público. Cualquier modificación a esta debe garantizar la seguridad jurídica y el respeto a la Constitución Política del Estado, según expertos consultados.
PANAMERICANA.
