Carlos Alarcón, legislador boliviano, entregó el proyecto ante la Cámara de Diputados tras episodios de violencia en bloqueos recientes. Colcapirhua y Llalagua destacan como focos de estos incidentes, junto a otros en distintas regiones del país. La norma busca equiparar el bloqueo a un delito penal, no a un derecho.
Sanciones penales detalladas
El delito base de bloqueo conlleva 3 a 6 años de cárcel. Quienes instiguen, organicen o financien enfrentan 5 a 8 años. En situaciones con violencia contra personas o bienes, las penas suben a 10-20 años. Se aplica responsabilidad solidaria por daños causados.
Protección a fuerzas del orden
La propuesta ampara a policías y militares que actúen con protocolos y fuerza proporcional, eximiéndolos de responsabilidades penales, administrativas o civiles. El gobierno debe proveer equipamiento adecuado antes de operativos. En "zonas rojas" con dinamita o armas, se priorizan intervenciones conjuntas.
Cambios normativos clave
Se propone derogar la Ley 1341 de 2020, que regula estados de excepción y limita el apoyo militar en bloqueos violentos. Alarcón argumenta que sus requisitos hacen inviable su aplicación práctica. Esto facilitaría respuestas estatales más ágiles ante violencia extrema.
