Es de conocimiento general, que la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo comenzó operaciones desde el 9 de septiembre con el registro de aportantes nuevos, y si bien fue un hecho destacado por las autoridades, generó interrogantes y susceptibilidades sobre las garantías de transparencia en la administración de los recursos.
Por ejemplo, el analista económico, Julio Alvarado expuso sus preocupaciones a través de Panamericana e hizo alusión a los antecedentes de corrupción del pasado, como ser el caso Fondioc entre otros, a tiempo de expresar escepticismo en la confianza que generan funcionarios y representantes sociales afines al MAS.
Para el diplomático será necesario ajustar mecanismos de control y fiscalización a fin de que los aportantes tengan certeza de que sus recursos serán administrados de forma eficiente.
Entre las recomendaciones, Alvarado planteó procesos de contratación en base a parámetros meritocráticos y control social de profesionales y no de dirigentes sindicales.
Sin embargo, los temores expuestos fueron descartados por el gerente de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, Jaime Durán, quien recordó que los estados financieros serán fiscalizados por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, la Contraloría General del Estado y una empresa auditora externa contratada mediante licitación.
Al margen de subrayar que la contratación de personal se apega a estrictos estándares de aptitud y experiencia, Durán recalcó que las mismas exigencias se aplicarán a los auditores externos en aras de mantener la credibilidad de la población.
PANAMERICANA.
