Como se ha conocido, la Asamblea Legislativa Plurinacional, rechazó por mayoría de votos el Proyecto de Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2023 reformulado, abriendo el debate sobre la validez de las observaciones de algunos parlamentarios y los requerimientos de municipios a nivel nacional.
Por ello Panamericana recogió criterios encontrados como el que expuso la senadora de la alianza Comunidad Ciudadana, Andrea Barrientos, para quien es inadmisible la incorporación de disposiciones adicionales que vulneran los derechos y la seguridad jurídica de los bolivianos.
Para la legisladora, no corresponde aducir que los gobiernos municipales requieren los recursos negados para atender emergencias como la sequía y los incendios forestales, pues el senado aprobó mil millones de dólares destinados a esta materia que serían utilizados para gasto corriente, según advierte.
Sin embargo, el director de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM Bolivia), Rodrigo Puerta, discrepó con los argumentos expuestos y lamentó que la Asamblea Legislativa priorice intereses políticos, dice, antes de velar por las necesidades de la población.
Puerta, se refirió al nuevo escenario tras el rechazo al proyecto de ley y pese a anticipar mecanismos de ajuste por parte del Ministerio de Economía, avizoró dificultades cuando los recursos se incluyan en el Presupuesto General del Estado 2024.
Así también, el tema fue analizado por el alcalde de El Torno y presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (AMDECRUZ), Edilberto Cuéllar, quien expresó preocupación por la coyuntura y acusó a la asamblea de “dar la espalda al pueblo boliviano”.
El burgomaestre anunció que AMDECRUZ propondrá al Ministerio de Economía alternativas técnicas y jurídicas para satisfacer las necesidades de los gobiernos municipales, considerando la complejidad del tema.
PANAMERICANA.
