Dado que el caso del ex Banco Fassil y el fallecimiento de su interventor, Carlos Colodro, en circunstancias misteriosas, continúa acaparando la atención nacional, varias figuras políticas, activistas y analistas, compartieron criterios con Panamericana.
En primera instancia, el abogado Franco Albarracín, consideró correcta la decisión de la familia de Colodro y su abogado, Jorge Valda, de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidiendo medidas cautelares.
El activista recomendó además exigir a la CIDH un pronunciamiento oficial, como sucedió en otras naciones, de manera que se ejerza presión al estado para esclarecer dudas y garantizar seguridad a presuntas víctimas de amedrentamiento.
Por su parte, el analista Israel Quino, también abogó por indagaciones oportunas, y cuestionó que personajes políticos, como el ministro de gobierno, proporcionen información que corresponde, dice, al fiscal general del estado.
Por otro lado, Quino emitió consideraciones sobre el rumbo que deberían seguir las investigaciones para dar certezas a la población con elementos de convicción sólidos.
De su lado, la analista política Susana Bejarano, opinó que el complejo tema ha sido altamente politizado desde antes de develarse las irregularidades del Banco Fassil.
Según Bejarano, las repercusiones del caso son alarmantes no sólo por la muerte del interventor Colodro, sino también por las amenazas contra un periodista que reveló información delicada.
Asimismo, la representante del Conade en Cochabamba, Lizeth Beramendi, agregó que el deceso en análisis deja claro que mafias organizadas se asentaron en Bolivia para introducir prácticas violentas y atemorizantes.
La activista, auguró revelaciones aun más impactantes sobre el caso del banco intervenido y el rol de figuras políticas afines, dice, al Movimiento al Socialismo.
Por último, el analista o Juan José Bedregal, formuló una evaluación estrictamente económica del contexto y detectó la existencia de una “microestructura” financiera orientada a beneficiar a ciertos grupos empresariales.
En todo caso, Bedregal recordó los alcances de las normas vigentes que protegen los recursos de ahorristas a nivel nacional y definen un plan de acción que debe ser reconducido eventualmente con la designación de un nuevo interventor.
PANAMERICANA.
