En un mensaje a la nación desde la Casa Grande del Pueblo, el presidente Rodrigo Paz, acompañado de su gabinete económico, anunció la promulgación del Decreto Supremo 5600, una normativa bautizada oficialmente como "Destapando el Estado Cloaca". La medida tiene como objetivo central erradicar de raíz la corrupción institucionalizada al prohibir las contrataciones directas en el aparato estatal.
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, reveló cifras alarmantes: durante los últimos 20 años se emitieron 161 decretos para adjudicaciones sin licitación, de los cuales 105 no tenían límite de monto. Esta discrecionalidad permitió un manejo irregular de más de 100 millones de dólares y de 7.930 millones de bolivianos. Como prueba del despilfarro, las autoridades expusieron una serie de "elefantes blancos" inconclusos, como el Instituto Gastroenterológico (701 millones de bolivianos en 8 años), el Museo de Orinoca (abandonado con un costo de 47 millones de bolivianos), aeropuertos sin vuelos en San Ignacio y Alcantarí, y la compra irregular de 702 ambulancias.
El presidente Paz enfatizó que la contratación directa se había convertido en un sinónimo de "corrupción directa", donde el único requisito para adjudicarse obras millonarias era "ser amigo, pariente, ministro o del partido". Asimismo, advirtió que el Decreto 5600 tendrá un efecto regulador sobre gobernaciones y municipios, sugiriendo que muchas pugnas políticas locales se debían únicamente al interés de controlar "el bolígrafo de las contrataciones directas". El Gobierno garantizó que se auditarán todos estos procesos y que los responsables deberán rendir cuentas ante la justicia.
